Vol. 6, e927, año 2024
ISSN – Online: 2708-3039
DOI:
https://doi.org/10.47796/ing.v6i00.927
Artículo
de revisión
Colapso del Space y ausencia de interventoría
The Collapse of the Space Building and the Absence of
Supervision
Néstor Rafael Perico-Granados[1]
https://orcid.org/0000-0003-1768-793X
Deisy Yolanda Chávez-Ramírez[2]
https://orcid.org/0009-0000-4229-9301
Danna Elizabeth Suárez-Beltrán[3]
https://orcid.org/0009-0003-4828-6861
Evelyn Carolina Medina-Naranjo[4]
https://orcid.org/0009-0001-2942-8516
Marly González-González[5]
https://orcid.org/0009-0000-6763-7864
Aceptado: 10/05/2024
Publicado: 31/05/2024
Resumen
En la
investigación se establecieron posibles causas de las fallas presentadas en
unas obras en Colombia en la segunda década del siglo XXI. Se propuso
establecer la relación de estos problemas con la ausencia de interventoría,
dado que su efectivo ejercicio favorece la calidad en diseños y proyectos de
construcción. El procedimiento incluyó revisión documental con base en la
legislación y en estudios de universidades reconocidas del país. Al respecto,
el Space se construyó en Medellín - Colombia y el colapso de la torre 6, en el
2013, se produjo por fallas estructurales que ocasionaron pérdidas humanas,
materiales y ambientales. Igualmente, se relacionan casos de construcciones con
inconsistencias y posteriores afectaciones: Reficar, Puente Chirijara e
Hidruitango. Entre los resultados se encontraron fallas en el diseño y
cimentación estructural, aprobación de licencias de curaduría sin revisión
externa del cumplimiento de requisitos técnicos. Igualmente, el diseño y
ejecución del proyecto se hicieron sin cumplimiento de las normas
sismo-resistentes como la Ley 400 de 1997. Se concluye que la interventoría es
un proceso que minimiza pérdidas humanas y daños estructurales y ambientales.
Por ende, el interventor de proyectos ejerce un rol fundamental en la
estabilidad y aseguramiento de la calidad de la obra.
Palabras clave: construcción civil; diseño
estructural; falla estructural; ingeniería civil; interventoría.
Abstract
The investigation
identified potential causes for the failures observed in several construction
projects in Colombia during the second decade of the 21st century. The study
aimed to establish a link between these issues and the lack of proper
oversight, as effective supervision promotes quality in both design and
construction phases. The methodology involved a comprehensive review of
relevant legislation and academic studies conducted by esteemed Colombian
universities. A notable example is the Space building in Medellín, Colombia,
where the collapse of Tower 6 in 2013 resulted from structural failures,
leading to significant human, material, and environmental damages. Similarly,
other construction projects with inconsistencies and subsequent damages include
Reficar, Puente Chirijara, and Hidruitango. The findings revealed deficiencies
in structural design and foundation, as well as the approval of curatorial
licenses without external verification of compliance with technical
specifications. Furthermore, the project's design and execution disregarded
earthquake-resistant regulations, including Law 400 of 1997. The study
concludes that proper oversight acts as a preventive measure, minimizing human
casualties, structural damage, and environmental harm. Hence, the project
supervisor plays a crucial role in ensuring the stability and quality of the
construction.
Keywords: structural engineering;
structural design; structural failure; civil engineering; supervision.
1.
Introducción
En la
construcción de obras, existe responsabilidad desde los estudios previos y
diseños hasta el mantenimiento de las mismas. Tanto la supervisión como la
interventoría tienen tanta responsabilidad como quienes diseñan y construyen en
aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales de obras públicas
o privadas. Las actividades de interventoría pueden ser ejercidas por personas
naturales o jurídicas (Enterritorio, 2022). Estas acciones son vitales para la
estabilidad financiera y la construcción de la obra durante su vida útil. Un
factor esencial es la constitución legal de las firmas interventoras, ya que
deben cumplir con las condiciones de conocimientos necesarias para la
supervisión del contrato. Para la construcción, es fundamental conocer los
estudios preliminares, de factibilidad y los diseños con especificaciones
completas, los pliegos de condiciones y/o términos de referencia, con
presupuestos actualizados, junto con los cronogramas. También es esencial
revisar los riesgos potenciales en la construcción y establecer cuáles deben
tener amparo por el constructor.
En
este sentido, es apropiado contar con la presencia de interventoría desde los
estudios de prefactibilidad, si corresponde. Se han detectado errores de
interventoría debido a la ignorancia de acciones en estudios o ejecuciones
previas, o por la ausencia del interventor, o porque quien ejecuta el contrato
desconoce aspectos técnicos (Chamorro et al., 2022). En los contratos de obra
pública, es esencial cumplir con el objeto del mismo y para ello es
responsabilidad del contratista controlar su cumplimiento, mientras que el
interventor debe ejercer el seguimiento correspondiente (Congreso de Colombia,
1993). Para esto, se delegan las funciones en la interventoría sobre este
aspecto.
La
investigación muestra dificultades en diseños y construcciones de obras que
prestan servicios a comunidades que no contaron con interventoría o su
ejercicio fue débil, y en algunos casos, las obras colapsaron. La catástrofe
del Space motivó al Congreso a aprobar la Ley 1796 de 2016 para incrementar la
estabilidad de los edificios y aumentar las responsabilidades de quienes están
al frente de las curadurías. La norma exhorta a los ingenieros que diseñan
estructuras, a quienes construyen a cumplir siempre con las normas
sismo-resistentes y a los interventores para que las hagan cumplir (Congreso de
Colombia, 2016).
El estudio
elaborado proporciona elementos para entender que a veces algunos diseñadores y
constructores se centran en aspectos técnicos, mientras que en otras ocasiones
privilegian la rentabilidad del proyecto por encima de su aporte social y
humano. En este contexto, Vera-Guarnizo et al. (2020a), Vera-Guarnizo et al.
(2020b), Perico-Granados, Tuay-Sigua et al. (2022) y Perico-Granados,
Garza-Puentes et al. (2022) expresan que los docentes tienen el deber de
promover competencias disciplinares para la correcta ejecución de las obras de
manera sustentable, priorizando la integridad de las personas, especialmente de
los más frágiles e indefensos, como la población que migra por diferentes
circunstancias. Una formación de alta calidad en ingeniería civil favorece la
cualificación y el desarrollo de competencias para tomar decisiones técnicas,
eficientes, económicamente viables y con principios de sostenibilidad ambiental
(Valdes-Alonso, et al., 2023).
1.1. Acercamiento
a interventoría
La interventoría implica el seguimiento técnico del cumplimiento
contractual realizado por una persona natural o jurídica en nombre del Estado,
con conocimiento especializado. Este seguimiento puede abarcar aspectos
administrativos, técnicos, financieros, contables y jurídicos (Universidad
Industrial de Santander, 2008; Departamento Administrativo de la Función
Pública, 2019). Su función incluye verificar y controlar la calidad de los
materiales utilizados en la construcción, así como asegurar que los requisitos
se ajusten a los parámetros establecidos. Además, el interventor evalúa la
experiencia y formación de quienes lideran las obras, de acuerdo con lo
estipulado en el contrato, supervisa el cumplimiento del cronograma y determina
los correctivos necesarios basados en pruebas de laboratorio. En caso de
incumplimiento, el interventor exige la reposición de materiales defectuosos o
que no cumplan con las especificaciones, y debe detallar las especificaciones
adicionales requeridas por el contratista (Rodríguez y Quintero, 2014).
La interventoría actúa en representación del propietario de la obra y
debe estar presente y activa desde las etapas iniciales de análisis
preliminares, estudios de factibilidad, diseños, memorias de cálculo, planos y
durante la ejecución del contrato hasta su fase final. Aunque puede mediar
entre el propietario y el contratista, nunca debe asesorar a este último, ya
que su función principal es supervisar las actividades de construcción
(Vallejo, 2007). Esta práctica está asociada a proyectos y se ha llevado a cabo
en Colombia durante más de cincuenta años, tanto en obras públicas como
privadas. Sin embargo, es esencial debatir sobre sus necesidades y aplicaciones
para garantizar una mayor seguridad y estabilidad en las obras.
En el ámbito de la interventoría de
proyectos, el interventor se encarga de revisar estudios, planos y diseños para
asegurar el cumplimiento de las necesidades del propietario y la disponibilidad
de recursos. Si se requiere una revisión adicional por parte de un
especialista, el propietario es responsable de cubrir los costos. Además, es
tarea del interventor verificar los antecedentes de la obra, revisar el
cumplimiento de las pólizas de seguros y los diferentes contratos derivados de
estas. En este contexto, Perico-Granados, et al. (2020), Forero et al. (2021) y
Perico-Granados, Tovar-Torres et al. (2021) resaltan la utilidad del método de
proyectos para la formación en estas competencias, que incluyen aspectos
humanos y disciplinarios, así como principios y valores. De esta manera, los nuevos
profesionales adquieren la claridad y la responsabilidad necesarias para
cumplir adecuadamente sus compromisos como interventores, evitando problemas
posteriores.
La interventoría de construcción abarca aspectos técnicos, como el
seguimiento de las evidencias obtenidas en la toma de muestras y el monitoreo
en laboratorios. Estos aspectos deben quedar registrados en la bitácora y, si
es necesario, comunicarse al constructor y al propietario del proyecto. En caso
de necesitar realizar modificaciones en la obra, es fundamental consultar al
diseñador, quien debe dejar constancia por escrito de las nuevas
especificaciones. Desde una perspectiva administrativa, el interventor revisa
el cumplimiento del cronograma y aprueba el flujo financiero y la entrega de recursos.
A pesar de ello, han surgido entidades que desempeñan funciones de asesoría e
interventoría, lo que permite liberar a los funcionarios propietarios de obras
de estas actividades. En la actualidad, con los desafíos del calentamiento
global, es necesario formar profesionales para la sustentabilidad integral,
considerando aspectos sociales, ambientales y económicos (Perico-Granados,
Arévalo-Algarra et al., 2021; Orduz-Quijano, 2021; Perico-Granados,
Tovar-Torres et al., 2022). Según García-Puentes et al. (2019), García-Puentes
et al. (2022) y Puerto-Cristancho et al. (2023), la formación de los
profesionales se desarrolla con mejores criterios técnicos y competencias
humanas, utilizando el método de proyectos y con un mayor protagonismo de los
estudiantes. De esta manera, aprenden las labores de constructores e
interventores a partir de la práctica real y establecen los criterios que los
convertirán en excelentes profesionales.
1.2. Unas normas referentes a interventoría
La regulación concerniente a los interventores es insuficiente, y los
profesionales actuales tienen la responsabilidad de investigar y asegurar la
construcción de obras estables y con materiales de calidad. Entonces, es vital mejorar
la formación de ingenieros con altos estándares éticos y una excelente
preparación en las disciplinas pertinentes. Asimismo, es urgente revisar y
clarificar los códigos, leyes y decretos para que la labor de los interventores
sea más efectiva y rigurosa, con el fin de prevenir las catástrofes que han
ocurrido. Las normas están principalmente enfocadas en la contratación pública
y se detallan en el contrato como funciones del interventor. Este tiene la
obligación de solicitar los documentos y la información necesaria para
verificar todos los procesos de la obra. La firma interventora debe contar con
práctica y experiencia acreditada. El responsable del proceso interventor debe
poseer un título en ingeniería o arquitectura, con experiencia de más de 36
meses en actividades similares a las que realizará en la interventoría
(Congreso de Colombia, 1993).
El interventor es
considerado un consultor y se establece la prohibición de contratar con quien
haya realizado los diseños, excepto en casos de proyectos muy complejos.
Además, la interventoría es sujeta a procesos penales y/o civiles si no cumple
adecuadamente con sus compromisos. No obstante, el constructor de la obra tiene
sus propias responsabilidades (Presidencia de la República de Colombia, 1983).
La normativa requiere que cuando la obra se contrate como resultado de un
concurso público, el interventor debe ser contratado por una entidad externa a
la entidad promotora. La interventoría sugiere por escrito los correctivos o
instrucciones necesarias para garantizar una ejecución adecuada de la
construcción (Congreso de Colombia, 1993).
En ningún caso se exonera
al constructor de sus obligaciones, aunque el interventor realiza seguimientos
a la obra desde el inicio hasta la fase de liquidación. Por lo tanto, se
propone una mayor intervención del Gobierno en los procesos de estudios,
diseños y construcción de edificaciones, de manera que a través de
interventorías, los municipios exijan obras seguras que protejan la integridad
de las personas. En este sentido, la investigación se centró en revisar los
documentos para identificar las causas relevantes de las dificultades en
diferentes proyectos, como la catástrofe del Space. Se buscó identificar fallos
en los cimientos, el pilotaje y las estructuras, así como revisar las
deficiencias en su construcción. Se analiza si la presencia de un interventor
experimentado y bien formado podría haber evitado las consecuencias.
1.3. Acercamiento
a los hechos
En la construcción de
edificaciones de origen privado en Colombia, no se requiere la presencia de un
interventor como requisito obligatorio. Sin embargo, es probable que si se
hubiera contado con interventores en algunas obras, se habrían evitado varias catástrofes.
Por ejemplo, el 12 de octubre de 2013, colapsó la torre 6 del edificio Space,
donde fallecieron 12 personas, lo que impulsó la promulgación de la Ley 1796 de
2016 (González et al., 2019). En la investigación que desarrolló la Universidad
de los Andes de Colombia (2014) encontró fallas en los diseños y la
construcción de la cimentación del edificio. Además, se identificaron
asentamientos diferenciales que, sumados a otras deficiencias observadas,
provocaron el colapso del edificio.
Por tanto, la investigación tuvo
como objetivo establecer las posibles causas de la catástrofe en el edificio
Space y en otras edificaciones en Colombia. Se reflexionó sobre la importancia
de la interventoría en las obras como medida de mitigación de riesgos y
aseguramiento de la calidad en proyectos de construcción.
2.
Metodología
Se realizó una revisión
exhaustiva de diversas edificaciones en Colombia que experimentaron
dificultades de diseño y/o construcción desde alrededor del año 2005 en
adelante y que recibieron amplia cobertura mediática. Ellas se describen con
cierto grado de detalle en este procedimiento y que han permitido observar su
relación con la falta y/o ausencia de interventoría en unas de ellas. Su
análisis y discusión permite observar aspectos interesantes que se deben
observar en las nuevas construcciones para evitar nuevas catástrofes por estos
motivos. Estos aspectos se fundamentaron en estudios detallados realizados por
expertos, quienes llevaron a cabo revisiones para determinar las
características de los pilotes, incluyendo columnas cajón a profundidades que
permitieron observar las dimensiones reales de la cimentación (Uniandes, 2014).
En este sentido, se llevó a cabo
una revisión bibliográfica relacionada con estas construcciones, como el caso
de la catástrofe del Space, en universidades y trabajos de grado, y se analizó
la investigación realizada por Uniandes (2014). Específicamente, se examinaron
las fallas constructivas, con análisis detallados sobre las más significativas
en diseño y construcción, centrándose en una pila de cimentación y diferentes
columnas. Además, se profundizó en el concepto de interventoría según las
normas colombianas, tanto del sector público como del privado (principalmente
la Ley 80 y decretos), y se destacó su importancia en la seguridad de las
obras. Se observó que se presentaron inconsistencias durante su aplicación en
el proceso de diseño y ejecución. En el diseño, se planifica el desarrollo de
la obra y se calculan las cargas vivas y muertas que la edificación recibirá,
considerando su mayoración (Benítez, 2021).
3.
Resultados y Discusión
Unos casos con
débil interventoría o sin ella
Reficar refina
el petróleo que le llega a su planta y una de sus acciones es firmar contratos
para el cumplimiento de sus actividades. Hasta el año 2010, firmó contratos con
una empresa subsidiaria de Ecopetrol para ampliar su planta (Valencia et al.,
2021). Cuando apenas se había completado el 20 % de los diseños y las
especificaciones de detalle, se amplió el plazo para entregar la obra final.
Parece que fue un error de Reficar y de la entidad interventora permitir la
firma de un contrato en estas condiciones, ya que había mucha incertidumbre y
esto podía aumentar los costos y los tiempos de ejecución, como de hecho
sucedió. CB&I tenía un contrato "llave en mano" que lo obligaba a
finalizar la obra, desde los estudios y diseños hasta la construcción, lo que
permitió realizar los diseños de ingeniería de detalle al mismo tiempo que se
llevaba a cabo la construcción del proyecto.
Sin embargo, los diseños se completaron en el año 2013, cuando se
esperaba la conclusión de la obra final (Valencia et al., 2021). En este
sentido, Ruiz-López (2015) expresa que el hecho de que quien elabora los
diseños también esté a cargo de la construcción aumenta la probabilidad de
cometer errores. Según la Contraloría General de la República (2015), el costo
de la construcción aumentó en más del 100 %, pasando de 3993 millones de USD a
8016 millones de USD. Finalmente, el proyecto fue entregado en febrero de 2016.
La refinería demandó al contratista por cerca de 3000 millones de USD por no
haber entregado los planos a tiempo y por las diferencias importantes en las
cantidades de obra y los costos. Estos son errores que pueden ocurrir en
contratos "llave en mano", aspecto que se podría haber resuelto con
estudios previos, diseños completos y revisados por un interventor antes de
firmar el contrato de construcción.
Además, según la Contraloría General de la República (2014), Reficar
contrató a una firma consultora de Estados Unidos para gestionar, supervisar y
controlar la ingeniería de detalle. Sin embargo, la firma priorizó la revisión
de las facturas del contratista y descuidó sus otras responsabilidades.
Lamentablemente, parece que hubo falta de supervisión por parte de la
interventoría, especialmente en la parte técnica, y su enfoque estuvo más en
tareas administrativas. En este sentido, el constructor y el interventor tienen
responsabilidades similares en cuanto a la calidad de las obras.
Entonces, es esencial que la
interventoría se contrate en todas las etapas del proyecto. Para Chamorro et
al. (2022), es esencial que la interventoría se contrate en todas las etapas
del proyecto. Según Chamorro et al. (2022), la interventoría es fundamental en
la planificación del proyecto, ya que determina el alcance de la obra, el
cronograma, el presupuesto, la reserva presupuestal y los requisitos de calidad
en materiales y técnicas. Quien ejerce la interventoría actúa en representación
del dueño de la obra para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
estructura contractual y en las normas legales. Esto es especialmente
importante en este tipo de contrato, dado que quien diseña también ejecuta la
obra.
Desde la ciudad de Bogotá hasta la capital del
departamento del Meta (Villavicencio), se llevó a cabo la ampliación a doble
calzada de la carretera, incluyendo obras necesarias como túneles y viaductos.
Entre ellas, se inició la construcción del puente Chirajara, el cual colapsó
durante su ejecución, causando la muerte de varias personas. En respuesta, se
abrió un proceso penal por parte de la entidad competente para determinar las
causas del colapso.
Durante las investigaciones
se observaron errores desde el inicio de la obra, como pliegos con dificultades
en su redacción, copias de proyectos sin corregir y problemas en la elaboración
de presupuestos. Para la revista Semana (2018),
había intereses políticos para inaugurar la obra, lo cual complicó la
situación. El ente investigador centró sus esfuerzos en revisar los diseños y
la construcción. Tanto la firma constructora, Coviandes, como la firma
diseñadora se culparon mutuamente por el colapso del puente, lo que llevó a
contratar firmas internacionales para investigar los aspectos que causaron el
desplome de la estructura (Fiscalía General de la Nación, 2018; 2019).
Según la Contraloría General de la República
(2020), hubo dificultades de tiempo en la elaboración de los diseños,
compromiso que tenía Coviandes para la construcción del nuevo puente, y el
interventor no había aprobado los nuevos diseños. La Contraloría señala la
discrepancia de criterios y, al respecto, la interventoría solicitó aplicar la
normatividad sobre diseño de puentes LFRD CCP-14 de 2014, ya que en los pliegos
ni en el contrato se especificó qué norma se debía seguir. En este sentido,
Coviandes utilizó el Código de Puentes del año 1995. Es posible que un
interventor diligente hubiera podido verificar las normas a seguir y establecer
criterios claros para los diferentes procesos. Según la Procuraduría General de
la Nación (2010), es conveniente que las normas y especificaciones se revisen
por los diferentes actores, como la interventoría, la cual debe cumplir sus
funciones para evitar la aprobación de diseños con normas obsoletas.
3.3. Caso Hidroituango
El proyecto
Hidroituango es una hidroeléctrica construida sobre el río Cauca en Colombia,
al norte del departamento de Antioquia. La hidroeléctrica utiliza cerca de 1000
m3/s y consta de una presa respaldada por rocas, con núcleo de
arcilla, una altura de 225 m y una capacidad de 20 millones de metros cúbicos.
Además, cuenta con estructuras para la conducción y un aliviadero para descargar
avenidas, así como instalaciones incrustadas en el batolito antioqueño para la
generación, con ocho turbinas y una capacidad total de 2400 MW (Torres,
Caballero y Awal, 2014). Originalmente, se proyectó que la obra sería entregada
al sistema de interconexión entre los años 2018 y 2038. Sin embargo, debido a
la decisión de construir un tercer túnel para desviar el agua y las fallas
asociadas a esta construcción, se aceleró el proceso para completar la presa y
evitar posibles desbordamientos. Dadas las circunstancias del terreno y la
falta de estudios detallados de los sitios que atravesaría el túnel, este
proceso podría representar un riesgo, por lo que se aumentó el ritmo de trabajo
en la presa (Cuadros et al., 2021).
El interventor
señala que este túnel se comenzó a construir sin los documentos legales
adecuados, como la licencia, ya que esta se entregó en 2016 y la construcción
del túnel comenzó en 2014. La Contraloría General de la República (2018)
destaca la contradicción entre la empresa contratante y la interventoría. EPM
afirma que la interventoría avaló el proceso de la nueva obra, lo que sugiere
un desorden y una falta de veracidad por parte de una de las dos entidades. Sin
embargo, la Contraloría señala que no hubo acuerdo con el interventor porque
incumplieron lo establecido en la Ley 1474. Además, el órgano de control
critica a la Agencia Nacional para las Licencias Ambientales (ANLA) por omitir
procesos investigativos para dar luz verde a la obra, ignorando los posibles
riesgos económicos, sociales y ambientales, y la califica de incompetente.
También expresa que los diseños realizados por empresas públicas de Medellín no
cumplían con los requisitos de calidad, lo que sugiere que se podrían haber
hecho diseños mejores para la obra.
La interventoría
tiene responsabilidades esenciales en las obras para garantizar el cumplimiento
de las normas y los contratos, lo que asegura la integridad de las personas y
la estabilidad de las obras. Debe revisar los estudios de factibilidad y los
diseños, así como supervisar la construcción para garantizar el cumplimiento de
las leyes y los códigos. Es recomendable que los ingenieros que construyen sean
diferentes de los que realizan los estudios y los diseños, lo mismo que los
interventores, para garantizar criterios y perspectivas diferentes. Por lo
tanto, es necesario una mayor intervención del gobierno para que los municipios
designen interventores para todo tipo de obras, con experiencia y una sólida
formación técnica y humana, incluso en edificaciones privadas.
3.4. El colapso del Space
La edificación
se diseñó conforme al código sismo-resistente del año 98, utilizando concreto
reforzado, pórticos y especificaciones de resistencia de 21 Mpa para elementos
estructurales y 32 Mpa para las columnas (Yamit et al., 2018, como lo cita
Benítez, 2021). La cimentación se realizó con vigas de 40 cm por 40 cm, y con
pilotes fabricados en el sitio con un radio de 60 cm, que terminarían en una
campana de 150 cm de radio, de concreto reforzado, a una profundidad de 4,0 m
(Benítez, 2021). En la etapa final se llevó a cabo la fundación con concreto
ciclópeo. Al respecto, no queda clara la decisión de emplear este tipo de
concreto en la cimentación de la edificación, que requería soportar altos
esfuerzos. Sin embargo, se insiste en que con la intervención de un interventor
experto se habría solicitado tomar decisiones diferentes, lo que podría haber
alterado el curso de los eventos.
En cuanto a la aprobación de planos, diseños y memorias de cálculo,
entre 2006 y 2007, la curadora urbana segunda de Medellín aprobó la licencia de
urbanización y construcción del proyecto. El siguiente curador expidió las
resoluciones para aprobar las licencias y las modificaciones de las primeras
fases en la obra. Se necesitó contratar un revisor de los planos estructurales
y de las memorias porque la curaduría no contaba con la persona con esas
competencias, y quien debía llevar a cabo el proceso era aquel que solicitaba
la licencia (Tribunal Superior de Medellín, 2017). Se contrató a Edgar Ardila
para estas funciones y para revisar el cumplimiento de las normas pertinentes
de los diseños propuestos por Jorge Aristizábal (Coral et al., 2019).
En este sentido, el curador no
revisó la relación laboral que existía entre el revisor estructural y quien
hizo los diseños (Procuraduría General de la Nación, 2017). Un resultado fue
que se incumplieron las normas sismo-resistentes para proteger a las personas y
al patrimonio, tal como lo encontró la Procuraduría y la comisión de expertos
de la Universidad de los Andes (2014). Estas entidades observaron que no se
cumplieron en el diseño la cantidad y las especificaciones de los refuerzos,
así como las dimensiones de varias estructuras. Por lo tanto, el Estado
incumplió las normas de protección, que tienen la función de vigilar y
controlar la construcción de viviendas. En este sentido, era pertinente anotar
en las actas y oficiar a las entidades de control (Arango et al., 2016).
En cuanto a las grietas y fisuras
en las losas 4 y 5, en el análisis de las posibles causas probables de la
catástrofe del Space, se encontró una deflexión en mayo de 2012 en la losa 4,
acompañada de fisuras y agrietamientos. En agosto se observó una nueva grieta
en la columna T5 y se notó una mayor deflexión en la losa 4. En la semana
posterior aparecieron agrietamientos en los muros entre las columnas R y S,
ubicadas en el eje 3. El problema se intensificó en la losa 4 y se observó una
falla similar en la losa 3 (Uniandes, 2014).
Las deflexiones en las losas pueden originarse por el sometimiento a
cargas de forma rápida, sin esperar el curado del concreto para obtener su
valor de diseño (Ramos-Rugel, 2002). En el informe de la universidad no se
registraron acciones de interventoría, ya que esta no existía, ni tampoco de
seguimiento por parte de la curaduría, la planeación municipal o cualquier otra
entidad. El Space tenía losas con secciones que variaban en ambas direcciones,
y a partir de las deflexiones, el constructor aumentó el espesor de las losas
de seis a diez centímetros en la parte central y las dejó en 30 centímetros en
el perímetro (Benítez, 2021). No hay evidencia de si esta decisión contó con la
aprobación del diseñador y la curaduría.
Al respecto, no hubo participación de interventoría en la obra para
hacer cumplir normas como sismo-resistentes. Ingenieros experimentados externos
podrían haber propuesto soluciones sobre el espesor de la losa, dada la carga
adicional. Entonces, la edificación no fue capaz de resistir su propia carga.
En este sentido, cuando existen deflexiones en las losas de 0,08 metros con
cargas no estructurales, estas deberían ser de 0,017 metros, mientras que las
observadas en la edificación estaban en alrededor de 0,20 metros. Para resolver
el problema, la constructora niveló los pisos con mortero, lo que incrementó
las cargas muertas, provocó más deflexiones y aumentó los esfuerzos en columnas
y cimentación (Benitez, 2021). En la Figura 1 se muestra el relleno con mortero
de nivelación.
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Relleno de mortero de
nivelación en losas |
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Nota. Tomado de Benítez
(2021). |
La falla en la columna S3 se manifestó inicialmente con fisuras y
grietas por asentamientos diferenciales en enero de 2013, observadas en los
muros y enchapes de duchas en los ejes R, S y T. En febrero, parte del concreto
se desprendió de la arista superior de la columna R3 en el piso 5 (Uniandes,
2014). Los asentamientos en la torre 6 se notaron cuando la columna R3 se elevó
50 mm más que la S3, lo que resultó en asentamientos diferenciales. Esto
provocó un aumento en las cargas sobre esta columna, lo que generó su colapso
debido a esfuerzos de compresión. Como resultado, se produjo una redistribución
de las cargas, con acciones críticas en las columnas R5 y S5 (Uniandes, 2014).
La Figura 2 muestra algunas de las fallas en las columnas y flejes.
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Figura 2 Fallo de
columnas |
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Nota. Tomado de Uniandes
(2014). |
La catástrofe ocurrió porque las columnas no pudieron soportar los
esfuerzos a los que fueron sometidas. Además, la capacidad de las columnas fue
del 40 % de la prevista en el código sismo-resistente del año 10. Además, el
aumento de peso debido al mortero en las losas para la nivelación y
consolidación del terreno en la pila R3 provocó el fallo de la columna (Yamin
et al., 2018). La incapacidad de las columnas está relacionada con
subdimensiones y detalles de refuerzo. En la figura 2, las columnas se observan
con flejes de menor dimensión y con menor espaciamiento según la NSR-10. Entonces,
se evidencia que las columnas incumplieron la norma sismo-resistente en su
diseño.
Es posible que si el propietario
del proyecto hubiera contratado a un interventor para revisar los estudios
previos y el cumplimiento de las normas en las memorias de cálculo y los
diseños, y otro interventor diferente para el seguimiento de la construcción,
probablemente se habrían evitado las consecuencias trágicas que ocurrieron. De
acuerdo con Jacoski y Saugo (2019), en proyectos como Space, los sistemas de
monitoreo estructural con sensores pueden ayudar a prevenir riesgos y daños
estructurales, asegurando la seguridad y confiabilidad de la construcción. Con
esta tecnología, se pueden identificar deterioros o daños como grietas,
desplazamientos o cambios en la respuesta estructural a las cargas.
Se produjo una falla estructural en
la cimentación. Arango et al. (2016) indican que Vieco realizó el estudio de
suelos, encontrando suelos residuales maduros con una preconsolidación
superficial y un nivel freático cercano a los 11 metros debajo de la cota
natural. Se propuso una cimentación con pilotes de 15 a 18 metros desde la
excavación, a 1706,5 msnm, con base campana y un diámetro de tres metros,
esperando contacto con el estrato tres del suelo, compuesto por estructuras de
arenas y limos (Arango et al., 2016). Sin embargo, Benítez (2021) menciona que
el diámetro de la pila es menor que la mayor dimensión de la columna, lo que
podría afectar las reacciones ante diferentes fuerzas y sismos.
En este contexto, el código sismo-resistente del año 10 no recomienda
construir campanas bajo aguas o lodos en pilotes diseñados de esta manera. El
responsable de los estudios de suelos en agosto de 2013 informó a la directora
del Space que la base de la pila R3 se construyó con un diámetro de dos metros
en lugar de los tres metros previstos en el diseño. Estos aspectos se llevaron
a cabo sin consulta previa al responsable del estudio de suelos y se
construyeron en condiciones diferentes a las especificadas en los diseños.
Igualmente, Vieco sugirió una profundidad de 21 m para la pila R3, pero se
construyó con 16,3 m (Ortiz, 2013).
La directora del proyecto menciona
que hubo una falta de interacción con el responsable del estudio de suelos para
revisar estos aspectos. Para ella, la pila R3 enfrentó dificultades similares a
otras obras similares, por lo que se construyó dentro del rango del estudio de
suelos. En cambio, para las pilas vecinas se consultó al diseñador, como en el
caso de la S3, donde se profundizó hasta veinticinco metros debido a la
capacidad portante (Ortiz, 2013). Según la investigación de la Universidad de los
Andes (2014), la inspección con un cajón de cimentación exploratorio adyacente
a la pila R3 reveló que se construyó con menos altura de la prevista en las
memorias de cálculo y los planos de diseño, y sin ensanchamiento de campana. Al respecto, como plantea Yildizlar et al. (2018) la elaboración de
estudios estructurales contribuye a determinar niveles de seguridad al utilizar parámetros mínimos y
confiables, lo que permite tomar decisiones con mejores resultados. Sin
embargo, en el caso del Space, se evidenciaron falencias en la construcción y
una ausencia de interventoría.
Entonces, se cometieron
errores en los diseños y la construcción de la edificación, aspectos que deben
prevenirse y controlarse con buenos constructores e interventores. Los participantes
en el diseño, construcción y uso de una edificación son responsables de las
afectaciones posteriores. Por lo tanto, es adecuada la participación y
aprobación del ingeniero e interventor desde el inicio del proyecto
(Pérez-Gavilán et al., 2018).
Por otro lado,
según Puerto-Cristancho et al. (2022), se pueden disminuir las cargas con el
uso de ladrillos plásticos con excelentes condiciones de resistencia. Sin
embargo, en el caso de Space, existieron fallas en varios procesos, con errores
y afectaciones que resultaron en pérdidas humanas, económicas, ambientales y
sociales. Con buenos interventores se habrían podido revisar las memorias de
cálculo y los planos para verificar que se elaboraran conforme a las normas, y
con constructores supervisados por interventores, es altamente probable que se
hubieran evitado las pérdidas humanas y materiales. Igualmente, es
indispensable que quienes actúan como curadores urbanos ejerzan sus funciones
con total responsabilidad y dentro de los parámetros éticos.
El
asentamiento en las pilas R3 y S5, con variación entre los pilares R3, S3 y S5,
generaron esfuerzos adicionales en las columnas. Además, la baja comunicación
entre quienes estaban a cargo de la construcción y el responsable de los
estudios de suelos afectó la calidad de la obra. Por lo tanto, la presencia de
la interventoría podría haber contribuido a subsanar estos problemas, dada su
competencia para cumplir con las especificaciones, con una perspectiva
diferente.
Los funcionarios de la curaduría pasaron
por alto la verificación de la relación laboral del revisor externo en la parte
estructural con quien hizo la solicitud para aprobar la licencia. Por lo tanto,
se necesita una mayor diligencia en el cumplimiento de las responsabilidades de
los funcionarios de las curadurías y se requiere una mayor formación en
principios y valores en ingeniería y arquitectura para evitar estos problemas.
El interventor debe conocer las normas
técnicas y legales para evitar errores que afecten la integridad de las
personas y la seguridad de la construcción. Sin embargo, aunque la ley
colombiana no exige la interventoría en contratos privados, en el caso del
Space, hubiera cumplido un papel esencial, sin eximir de responsabilidad a
diseñadores, contratistas y a la curaduría en cuanto a los diseños, quienes
tampoco ejercieron como interventores en el seguimiento de la construcción.
Se presentaron
errores de diferentes orígenes y probablemente, con más ojos y oídos, con
criterios diferentes, se podrían haber aportado soluciones, como las funciones
de buenos interventores.
5.
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Agradecimiento
Los autores agradecen a los ingenieros
Lelis Cañón Cifuentes y José Albeiro Rodríguez por sus aportes en ideas y
documentos para la investigación.